El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no ha interpuesto ninguna denuncia penal contra el líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, aunque se están investigando «todos» los que intervienen en las actividades de distribución, venta y vigilancia de combustible. Sin embargo, trabajadores petroleros disidentes lo han denunciado ante la entonces PGR desde 2004 por el caso de Pemexgate. A la fecha, acumula dos denuncias penales, una denuncia de hechos, una solicitud de juicio político e impugnaciones por las elecciones «fraudulentas» de octubre.
Ciudad de México, 17 enero (SinEmbargo).– Trabajadores disidentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) han denunciado penalmente al líder sindical Carlos Romero Deschamps desde 2004 en el marco del Pemexgate por el embargo de cuotas sindicales, la desaparición de fideicomisos, conflicto de interés al votar por la Reforma Energética y por huachicoleo. Pero los documentos con pruebas quedaron arrumbados en el Ministerio Público durante los gobiernos anteriores de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para «protegerlo», dijeron los denunciantes.
«Unidos venceremos», firmó hace unos días Carlos Romero como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cargo que no ha soltado desde 1993 a lo largo de cinco reelecciones (1994, 2000, 2006, 2012 y 2017, cuando se reeligió de manera anticipada un año antes del término de su gestión) que violan los estatutos, ya que solo es válida una vez. Dice apoyar la estrategia del combate al robo de combustible. Se ha reunido a dialogar con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y se amparó para evitar cualquier detención relacionada con su posible relación con el huachicol (robo de combustible).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no ha interpuesto ninguna denuncia penal contra el líder sindical petrolero, por lo que no hay elementos para enjuiciarlo. Pero, aseguró ayer, se están investigando «todos» los que intervienen en las actividades de distribución, venta y vigilancia de combustible.
En entrevista con SinEmbargo, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján aseguró que ha habido «un divorcio» entre los trabajadores y sus representaciones sindicales, pero ahora la apuesta es que haya diálogos auténticos, y libertad sindical para rescatar la negociación colectiva.
«No le corresponde a la Secretaría del Trabajo ni poner ni quitar líderes, esos eran otros tiempos donde desde el poder se determinaba quién debería ser o no. Ese no es nuestro trabajo. Al contrario, lo que nosotros tenemos que garantizar es que haya libertad y democracia, ese es nuestro papel, garantizar que la gente pueda decidir libremente y los trabajadores tienen que decidir quién los representa y lo deben de hacer a través del voto personal libre y secreto. Ya tenemos una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, que es la iniciativa reglamentaria a la Reforma Constitucional que establece clarísimo que debe de haber voto libre y secreto. No solamente para que los trabajadores puedan elegir quién los represente, sino también para que se consulte antes de firmar un contrato colectivo».
La entrevista completa se publicará en SinEmbargo mañana viernes.
Raúl Romero Maldonado, trabajador jubilado de la sección 34 del Frente Nacionalista de Petróleo, denunció a Romero Deschamps en 2004 ante la Procuraduría General de la República (PGR) que no procedió y en 2006 ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) por el uso de las cuotas sindicales en el marco del Pemexgate. El 15 de marzo de 2018 presentó otra denuncia por la desaparición del fideicomiso para la vivienda y el fondo laboral que suman 49 mil 850 millones de pesos.
María de Lourdes Díaz Cruz «Lula», trabajadora de la sección 35 en Hidalgo y miembro del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, presentó una denuncia de hechos por la presunta relación del líder sindical con el huachicoleo. El documento, dijo, lo entregaron en persona a la Secretaría de Seguridad Pública comandada por Alfonso Durazo.
Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador petrolero del grupo disidente Innovación Sindical de la sección 10 en Minatitlán, Veracruz, solicitó en diciembre de 2014 ante la Cámara de Diputados un juicio político por doble salario de Romero Deschamps tanto como comisionado sindical como por entonces Senador de la República.
«De los trabajadores petroleros nadie reconoce a Carlos Romero [como Secretario], quien lo reconoce es el gobierno», dijo Víctor Jacobo Domínguez.
Además, por las irregularidades en las elecciones de octubre pasado para determinar al Secretario General, y la toma de nota irregular, Carlos Romero enfrenta una serie de impugnaciones para cancelar el proceso y hacer otro con voto libre y secreto.
López Obrador declaró en una conferencia mañanera después del amparo de Romero Deschamps: «Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay, de parte del gobierno, una denuncia. No hay pruebas».
Ayer miércoles añadió ante la prensa que su gobierno no permitirá la corrupción ni la impunidad, por lo que se está investigando todo lo relacionado con el robo de combustible, pero con mucha responsabilidad y sin show.
«No queremos alebrestar, no queremos hacer escándalo, no queremos el sensacionalismo; queremos actuar con mucha responsabilidad. Pero también esto significa que no va a haber impunidad, trátese de quien se trate. Se acabó la corrupción y se acabó la impunidad, pero sin show, sin espectáculo, y también sin afectar la dignidad de las personas; no fabricar delitos, no utilizar al gobierno con propósitos políticos», aclaró el mandatario.
«Va a ser a partir de pruebas de investigación, pero en general, sin privilegios para nadie. Se acabaron los fueros y los privilegios».
LAS DENUNCIAS PENALES
El 31 de agosto de 2003, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps firmó un documento donde reconocía un adeudo por mil 580 millones 354 mil 414 pesos. En septiembre, un mes después, rubricó el pagaré, con lo cual quedaron embargadas las cuotas sindicales de 2004 a 2031.
«Nosotros denunciamos desde 2004 [ante la PGR] y 2006 [ante la PGJDF], y los ministerios públicos fueron alargando los plazos y llegó el momento en que decían que el delito, aunque sí era, prescribió tras cinco años porque era la forma mañosa en que estuvieron actuando», aseguró en entrevista Raúl Romero Maldonado, trabajador petrolero jubilado de la sección 34 en la Ciudad de México.
«Por eso nosotros interpusimos esta denuncia en marzo de 2018 porque sabíamos que la iban ir alargando. Y qué pasó. La alargaron tanto que ya llegó el nuevo gobierno y estamos en espera que nos reciba a los denunciantes para poder explicarles con detalle toda la situación. Tenemos pruebas», dijo el integrante del Frente Nacionalista de Petróleo.
Raúl Romero evocó cuando al inicio del sexenio del panista Vicente Fox Quesada se descubrió que fondos provenientes del sindicato petrolero fueron empleados para la campaña presidencial de Francisco Labastida, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000. Ricardo Aldana Prieto era el Tesorero del sindicato y Rogelio Montemayor Seguy el Director general de Petróleos Mexicanos.
«Los funcionarios sindicales recibieron el recurso. Rogelio Montemayor en sus primeras declaraciones ante los medios esgrimía que por incumplimiento de contratos colectivos anteriores recibieron el dinero. Ya cuando fueron a la autoridad dijeron fue había sido un préstamo. ¿Para qué quería el sindicato un préstamo de mil 580 millones de pesos? Fue la pregunta que nos hacíamos todos los trabajadores. En el momento en que estaba Vicente Fox en el Gobierno federal, hicieron un esquema en la Dirección general de Pemex y el Consejo de Administración para evitar que Carlos Romero y Ricardo Aldana Prieto fueran presos», dijo el trabajador.
La pregunta clave para denunciar fue quién facultó a Romero Deschamps para utilizar las cuotas sindicales para el pago de un préstamo que los trabajadores petroleros no solicitaron. «Por qué permitió el embargo de las cuotas sindicales», planteó el denunciante Raúl Romero.
Pero Carlos Romero Deschamps se siguió reeligiendo como líder sindical y ocupando un curul en el Congreso.
El 15 de marzo de 2018, el trabajador del Frente Nacionalista de Petróleo Raúl Romero Maldonado volvió a la PGR, con Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho, e interpuso una denuncia penal contra Carlos Romero Deschamps por violación sistemática a la ley interna, desaparición del Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda (FICOLAVI), así como del Fondo Laboral Petrolero (FOLAPE), baja de percepción salarial y pérdida de derechos adquiridos en salud debido a la no intervención sindical en la falta de medicamentos, y violación a los derechos humanos fundamentales debido al incumplimiento de los estatutos, la Ley Federal de Trabajo, y acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo.
Hace unos días Carlos Romero solicitó un amparo contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y su Policía Federal Ministerial, y de la Fiscalía General de la República para evitar ser detenido.
«Él se ampara contra la situación de que no lo vayan a involucrar con el huachicoleo. En nuestra denuncia no puede solicitar amparo porque está en proceso en el Ministerio Público. Está haciendo la investigación correspondiente con base en las pruebas que le presentamos», aclaró tranquilo el denunciante.
«La denuncia no toca el robo de combustible porque quien tiene que hacer la denuncia por alguna situación de daño patrimonial es Pemex, el Gobierno federal. Había desvíos del combustible y era a ojos vistos. Los trabajadores no hablaban porque a quien señala algo inmediatamente lo liquidan, lo despiden», explicó.
Al inicio de la denuncia ante la PGR se plantea: «Han sido constantes y variadas las violaciones a nuestra ley interna por parte de la representación sindical, encabezada por Carlos Antonio Romero Deschamps y demás integrantes del Comité Ejecutivo General, así como los Secretarios Generales y comités ejecutivos seccionales de las 36 secciones sindicales».
Romero Maldonado acusó que «el sindicato tiene la obligación ineludible de defender los derechos de los trabajadores y sus estatutos sindicales. Pero hicieron lo contrario al permitir que funcionarios públicos y de la empresa participaran en las convenciones de elección y permitir que fueran ellos quienes le tomaran la protesta».
Además exigió saber dónde están los fideicomisos y por qué los cancelaron sin hacer previa consulta a los socios sindicales.
El Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda (FICOLAVI) era para que los trabajadores pudieran solicitar un crédito para comprar vivienda a través del mismo Pemex. Pero fue cancelado en 2004.
El FICOLAVI inició operaciones bursátiles con un monto de 272 mil millones de pesos (viejos pesos) y tras quitar tres ceros a la moneda nacional quedaría en la cantidad de 272 millones de pesos. Pero según reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo reflejó un monto de 64 millones 966 mil 239 pesos.
«En lugar de crecer, decreció, ya que presenta un saldo hasta el 10 de diciembre de 2012 de 64 millones 966 mil 239 pesos, es decir que existe un faltante por la cantidad de 207 millones 033 mil 760 pesos», dice la denuncia.
Petróleos Mexicanos en 1997 contrató un fideicomiso denominado Fondo Laboral Petrolero a fin de sustentar financieramente el pago de las pensiones tanto del personal jubilado, como a las viudas derechohabientes, tal como mandataba el Contrato Colectivo de Trabajo.
Este fideicomiso tenía por objeto que su patrimonio se integrara con aportaciones de recursos presupuestales destinados a jubilaciones, ahorros de la empresa, la venta de activos improductivos, como el caso de los 305 millones de pesos por la desincorporación de los títulos de la Compañía Cloro de Tehuantepec en 2005.
De acuerdo con datos de la Cuenta Pública de 2002 a 2006 se realizaron las siguientes aportaciones: 10 mil 521 millones 200 mil pesos en 2002; 17 mil 447 millones en 2003; 11 mil millones en 2004; y 10 mil 675 millones en 2005. Pero Pemex lo canceló en 2006 y se dejó en reserva para ser auditado por 12 años.
«Es claramente con el efecto de evitar que se conozca lo que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, de los malos manejos de los recursos en este fondo», plantea la denuncia. «En ningún tiempo ha defendido los derechos que se señalan emanados del Contrato Colectivo de Trabajo y los Estatutos Sindicales, por el contrario, siempre ha antepuesto la negociación monetaria, antes que asumir su responsabilidad sindical», agrega.
La denuncia también lo señala de conflicto de interés.
«Carlos Antonio Romero Deschamps en su calidad de Senador de República, y otros que tienen cargos de elección popular como diputados, al no recusarse, incurrieron en conflicto de interés, cuando votaron a favor de la Reforma Energética ya que siendo representantes sindicales ante Petróleos Mexicano, jurídica y estatutariamente están impedidos violando flagrantemente no solo esta condición jurídica, sino desobedecieron el mandato estatutario, razón por la cual se demuestra que deben ser enjuiciados», determina la denuncia ante la PGR.
Un último señalamiento es la desaparición de patrimonio sindical. Hasta el año 1993 existían una serie de negocios sindicales, entre los que se contaban ranchos, granjas, hoteles, centros recreativos, tiendas de consumo, bodegas en la central de abastos de la ciudad de México, plataformas marinas para perforación.
«Cuando llega Carlos Antonio Romero Deschamps a la Secretaría General del Sindicato, todos estos negocios fueron desaparecidos, sin tomar en cuenta que para estos casos se debía convocar a asamblea general de socios, quienes debían votar si estaban de acuerdo en prescindir de estos negocios, lo que no se llevó a cabo y sin que hasta la fecha conozcamos los motivos reales, inclusive si fueron vendidos y no sabemos el monto del patrimonio sindical que se extinguió», reza el documento.
DENUNCIA DE HECHOS POR HUACHICOLEO
María de Lourdes Díaz Cruz «Lula», trabajadora de la sección 35 en Hidalgo y miembro del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP), encabezó una denuncia de hechos el 25 de noviembre de 2018 contra el Secretario General del Sindicato, Carlos Antonio Romero Deschamps, para que se le investigue de oficio.
«Es parte de la estrategia en contra de los charros sindicales y la lucha por la democracia sindical. Tenemos varios cargos contra él desde el Pemexgate que se dio con Francisco Labastida Ochoa hasta ahora. Vamos a exigir auditorías y cuentas claras en todas las secciones sindicales», dijo en entrevista. «Se la entregamos al equipo de Seguridad Nacional, al secretario particular de Alfonso Durazo».
El 9 de enero se publicó un desplegado en la prensa nacional del Sindicato firmado por Carlos Romero, donde decía apoyar el combate al robo de combustible.
«En ningún momento vemos que estos charros sindicales estén apoyando en el combate a la corrupción, sobre todo que ellos están vinculados a la delincuencia organizada y al huachicoleo. Así lo denunciamos y directamente acusamos a Carlos Antonio Romero Deschamps de estar vinculado al huachicoleo. Es el principal gestor», aseveró Díaz Cruz.
«Los trabajadores petroleros somos mano de obra calificada mundialmente. Soy soldadora de tubería. Quienes sabemos en qué áreas específicamente se puede perforar algún ducto sin ocasionar explosiones somos los trabajadores petroleros. Obviamente Carlos Antonio Romero Deschamps realizó toda una red de trabajadores sindicalizados y los hizo parte de su corrupción para poder perforar los ductos de la industria petrolera», aseguró.
En el documento el MNTP acusan en el punto 11 que «en los estados y zonas de riqueza petrolera campea el crimen organizado asociado con el narcotráfico manejando elevados volúmenes de capital. Nuevamente omisión con alta probabilidad de complicidad por parte de la dirección del Sindicato».
También es señalado de haber «usurpado» desde 1993 el cargo de Secretario General del sindicato tras el «fraude electoral» de 1988. Desde entonces obligó a los trabajadores de Pemex a «retroceder» en sus derechos laborales.
Sobre el Pemexgate lo acusan de «uso corrupto de recursos federales para maniobras electorales» y de opacidad en el uso de las cuotas sindicales «que ascienden a 60 millones de pesos mensuales», así como de enriquecimiento ilícito.
EL JUICIO POLÍTICO PENDIENTE
En diciembre de 2014, Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador petrolero del grupo disidente «Innovación Sindical de la sección 10» del STPRM en Minatitlán, Veracruz, presentó una petición de juicio político ante la Cámara de Diputados contra Carlos Romero Deschamps por recibir doble salario, y tras ser enjuiciado a nivel político y ser inhabilitado como funcionario público, pasar a la situación penal. Pero lleva atorado cuatro años.
El proceso comenzó en marzo de 2014 en la Secretaría de la Función Pública, donde promovió una denuncia administrativa por dualidad de funciones y duplicidad de salarios contra el Secretario General del sindicato y entonces Senador Carlos Romero. Se sustentó en violaciones al artículo 62 constitucional, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y a la cláusula 149 del contrato colectivo del trabajo de Pemex.
Ante ello, el Órgano Interno de Control en Pemex indagó la situación contractual de Romero Deschamps.
«Estuve yendo a la Ciudad de México en 2014 sobre el tema del juicio político. Pero eso [un grupo disidente de trabajadores petroleros de nivel nacional] lo iniciamos en el 2000 con Fox cuando fue lo de Pemexgate con Carlos Romero que estaba en su punto más álgido, y sin embargo aquella vez los legisladores no le pusieron atención», contó Víctor Jacobo vía telefónica desde Minatitlán.
«La denuncia por doble salario por trabajador petrolero y como Senador es muy clara. Es un documento que está sustentado. Costó mucho trabajo conseguir de Pemex la situación contractual de Carlos Romero. En 2014 estuve yendo a la Ciudad de México como 10 veces en seis meses e hice la denuncia en la Secretaría de la Función Pública, que la remitió al órgano interno de control en marzo de 2014, y hasta diciembre de 2014 me mandaron vía correo electrónico la situación contractual de Carlos Romero, en donde ya como Senador, Pemex señala que se le está pagando como comisionado sindical. Fue la prueba que necesitaba para promover el juicio político ante el Congreso en diciembre de 2014», dijo.
En cuatro años la petición para juicio político sigue congelada.
«Es un delito grave. Pero la conformación política de la Cámara ha sido acorde a los intereses del grupo de poder, entonces nunca iban a poder ejecutar el juicio político contra Carlos Romero porque siempre fue parte de él», reconoció el trabajador petrolero.
Cuando la ahora titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, estuvo en Coatzacoalcos en calidad de Diputada, Víctor le entregó una copia de la denuncia administrativa con las pruebas, pero ella no sabía de qué le hablaba. Se la llevó y meses después, otra vez en Veracruz, le comentó que había un año para hacer el juicio político, partiendo desde el 1 de diciembre cuando dejó de ser Senador.
«Venía la elección de octubre y había que inhabilitar a Carlos Romero. Eso no vulnera la autonomía sindical, pero si le daban espacio –que se lo dieron– hizo lo que quiso y hasta hoy sigue haciendo lo que le dejan hacer», lamentó. «Nahle señaló la cuestión de la autonomía sindical, que eran respetuosos. Eso no tiene nada que ver con la autonomía sindical. El juicio político es facultad de los legisladores».
El trabajador disidente consideró que el nuevo gobierno está esperando a que el huachicoleo sea delito grave.
«Si el juicio político está ahí para que lo promuevan, yo no sé para qué le dan espacio. Qué requieren de él, si quieren sacar una negociación para una declaración. Es político totalmente, no es que lo estén protegiendo, pero le están dando espacio por conveniencia porque están buscando algo en el tema de la gasolina. Debe tener algo entre manos», especuló.
LAS IMPUGNACIONES ELECTORALES
A mediados de octubre, entre irregularidades por falta de registro de planillas y la convocatoria en una decena de las 36 secciones, se celebraron las elecciones para decidir por cargos en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Carlos Romero Deschamps, camisa roja, votó en Tula, Hidalgo.
En 2017, el entonces Secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida ya le había tomado nota como Secretario General del sindicato, pero no a los 36 directivos a nivel sección.
«El gobierno empezó a cacarear el huevo diciendo que iba a ser una votación libre y secreta», dijo el trabajador de la sección 10 en Veracruz, Victor Jacobo Domínguez. «Vemos que la convocatoria está confusa y decidimos como trabajadores impugnar la convocatoria ante el sindicato».
Los de la sección de Hidalgo también impugnaron, dijo María de Lourdes Díaz del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros en la sección 24 de Guanajuato, aseveró que también impugnaron porque el voto no fue libre ni secreto, la convocatoria salió fuera de tiempo y no se permitió el tiempo para llevar campaña.
José Francisco Maciel Amaya, entonces presidente de la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, dijo días después que la elección de nuevos dirigentes en 11 secciones del Sindicato se efectuó en un clima de tranquilidad y se ajustó a lo que establece la legislación laboral.
«Una mentira», dijo Víctor. «La Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo no ha salido a dar la cara por la toma de nota que le extendió supuestamente Navarrete Prida a Carlos Romero en una convención fuera de tiempo en 2017 para el ejercicio 2019-2024».
Para Raúl Romero Maldonado, del Frente Nacionalista de Petróleo en la sección 34 de la Ciudad de México, todas sus reelecciones desde 1994 han sido ilegales. La Ley Federal del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo señalan que no debe haber intervención de funcionarios de la empresa ni funcionarios públicos al interior del sindicato por la violación a la autonomía sindical. Pero Navarrete lo hizo en su reelección anticipada de 2017 al estar presente en la convención.
«A Carlos Romero le otorgó la toma de nota Navarrete Prida en 2017, pero nada más se reeligió él. Ninguno más de los 36 comités ejecutivos. Cómo puede él solo convocar a una convención cuando no está presente el cuerpo de gobierno del sindicato», dijo Romero Maldonado.
Víctor lo reiteró: «Carlos Romero se debe de ir. Secretario General no es».
